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9.- LA PATRIA GRANDE. EL INTENTO JUSTICIALISTA DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA. EL PACTO A.B.C.
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El Lunes, 19 de octubre de 2009 a las 23:43
2.1.- LA POSICIÓN DE CHILE. EL GUASO DE ALLENDE: en el caso de Chile, la política de Perón trata de privilegiar la relación cooperativa y de hermandad hacia su vecino. Entre 1946 y 1952 hubo por parte de estos gobiernos un intento de aunar objetivos económicos, estratégicos y políticos apuntados a integrar un bloque austral que consolidara los intereses de la región, permitiendo aplicar políticas autónomas y contrarrestara la penetración económica de Estados Unidos.

La intención de la Argentina de formar un bloque austral de países para frenar las pretensiones de predominio norteamericano era una vieja aspiración del nacionalismo argentino, e incluso del resto del continente. Son claros y bien intencionados los esfuerzos de Perón por organizar a las naciones latinoamericanas en “alguna forma de alianza bolivariana con exclusión de los Estados Unidos”. La posibilidad de la formación de un bloque regional ‘supuestamente’ liderado por Perón aparece analizada en un informe de la embajada norteamericana en Bs.As., de enero de 1948. También está documentado en archivos alemanes el interés del gobierno militar argentino, establecido en 1943, en la constitución de un bloque o alianza de estados sudamericanos con una orientación defensiva frente al eje Washington-Río. Stanley Hilton a su vez encuentra en el gobierno brasileño hacia 1943 la misma convicción de que la Argentina buscaba la constitución de un bloque austral, en abierta oposición a Brasil. El sentido anti-norteamericano surge de la declarada intención liberadora de la política peronista, que únicamente podía apuntar a quebrar la estrecha dependencia de aquel país de las empresas y del gobierno de Estados Unidos.

La acción política de Perón en Chile comenzó antes de que éste fuera presidente. Entre 1936 y 1938, Perón había sido agregado militar en ese país y en el cual había trabado muy buenas amistades. Posteriormente, la noticia del golpe de estado de 1943, las supuestas intenciones de la logia militar inspiradora del golpe -G.O.U.-, y la importancia de Perón dentro de este grupo tuvieron su repercusión en Chile. En junio de 1944, el gobierno chileno retiraba su embajador en la Argentina como una manera de mostrar su disconformidad con el gobierno de Farrell, a pesar de haberlo reconocido en un principio, y de acompañar a Estados Unidos en su política de aislar a la Argentina. Las gestiones del embajador argentino para obtener la designación de un colega en Buenos Aires se encontraron con la presión del presidente radical chileno Juan Antonio Ríos en favor del restablecimiento de la normalidad institucional argentina. El embajador argentino apeló al argumento de la “separación de las cuestiones” y la “completa prescindencia” en cuanto a la política interior, además de insinuar cierta desventaja económica para Chile por no contar con un representante en la Argentina.

Por cierto, la imagen de una Argentina fascista y que supuestamente constituía una amenaza para las democracias americanas impedía al presidente chileno obtener la aprobación del Senado para el nombramiento de un embajador para la Argentina. A fines de 1945, cuando se trató la actuación de la delegación chilena en la Conferencia de San Francisco, que -siguiendo el deseo del gobierno norteamericano- había trabajado activamente en favor de la incorporación de la Argentina a la Organización de las Naciones Unidas, se reveló entre los senadores chilenos un eco del mito del Cuarto Reich que el Departamento de Estado había extendido por el hemisferio, y de acuerdo con el cual los nazis habían preparado a la Argentina para la Tercera Guerra Mundial, con el respaldo de la camarilla Farrell-Perón. Según el senador comunista Carlos Contreras Labarca, la Argentina era el cuartel general del fascismo en América. Desde allí, se intervenía en la política interna de los países vecinos, siendo la intención del GOU agredir a las democracias y alcanzar la hegemonía en el continente. A su vez, el senador radical Isauro Torres mencionó una filial chilena del GOU, denominada GOS, acusando al ministro de Defensa Nacional chileno, general Arnaldo Carrasco, de estar a favor de la misma. De este modo, las opiniones vertidas en el Senado chileno eran representativas de la percepción que una parte importante de la opinión pública chilena se había formado del régimen de gobierno en Buenos Aires, lectura compartida por el futuro presidente, senador Gabriel González Videla. A pesar de estas presiones, el presidente Ríos mantuvo la adhesión al principio de no injerencia en los asuntos internos de la Argentina, aunque repitió infinidad de veces que su aspiración era que en todas partes se viviera el mismo clima de democracia que existía en Chile.

Ante esta actividad opositora al gobierno argentino en Chile, y especialmente para contrarrestar las actividades de un “Comité de Ayuda al pueblo argentino”, a fines de noviembre de 1944 comenzó a analizarse en la embajada argentina en Santiago la posibilidad de ejercer algún tipo de propaganda pro-argentina en el vecino país. El Ministerio de Guerra estuvo de acuerdo, pero prefirió que fuera la cancillería quien se hiciera cargo del proyecto.

Por otra parte, la finalización de la guerra había comenzado a provocar una disminución sustancial de la demanda de productos estratégicos. Esto significaba una baja en el valor del cobre y anunciaba una crisis económica para Chile en los próximos años. El mantenimiento de un nivel adecuado de productos alimenticios constituiría así una gran erogación para la economía chilena, convirtiendo la exportación de ganado en pie en una importante herramienta de presión para el Estado argentino.

En conocimiento de la situación, Perón ideó un mecanismo del tratado comercial, a través del cual ofrecería una fuerte ayuda financiera a fin de desarrollar en Chile la producción de materias primas que apuntalaran las nuevas industrias argentinas, asegurando, a la vez, la obtención de medios de pago para los productos argentinos y la posibilidad de financiar su desequilibrio comercial por un tiempo. El tratado fue firmado en forma preliminar en Bs. As. el 13 de diciembre de 1946, poco después de la asunción a la presidencia chilena de González Videla. Establecía un régimen de unión aduanera, declarando libres de derechos de importación -con alguna excepción- a los productos originarios de cada país. Ambas partes se obligaban a atenderse preferentemente sus necesidades con sus saldos exportables, ventajas que quedaban excluidas de las cláusulas de nación más favorecida. La Argentina, a través del IAPI, otorgaba a Chile un descubierto de 100 millones de pesos para cubrir el saldo desfavorable de su balanza comercial. Se estipulaba también que el IAPI realizaría una inversión de 300 millones de pesos en Chile para desarrollar nuevas actividades económicas a fin de intensificar la exportación de productos originarios a la Argentina. A tal efecto se constituiría en Chile una sociedad financiera integrada por el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) y la Corporación de Fomento de Chile, que podría adquirir hasta la totalidad de la producción no destinada al consumo interno y exportarla a la Argentina. Se pactaba además un empréstito externo de 300 millones de pesos, emitido por el gobierno chileno en Bs. As., que se aplicaría a un plan de obras públicas en Chile. En todas las compras chilenas a la Argentina intervendría el IAPI. Se establecía recíprocamente el libre tránsito de productos hacia terceros países y se otorgaban zonas francas durante 30 años.

El envío del tratado para su ratificación reveló gran oposición al mismo en el Congreso chileno. El apoyo del partido Comunista al tratado dio motivo para que otras fuerzas políticas negaran su voto legislativo. El partido Conservador, opositor sistemático al gobierno de González Videla, denunciaba los compromisos contraídos como demasiado exigentes para las posibilidades de Chile, criticaba el sometimiento de Chile a la Argentina y objetaba el manejo del comercio exterior por el IAPI. El partido Liberal, a pesar de integrar la coalición gobernante, puso sucesivas condiciones para otorgar su voto al tratado y expresó su “temor al predominio”. Los socialistas mantuvieron siempre una férrea oposición al tratado. SALVADOR ALLENDE sostuvo en el Senado que éste contenía disposiciones contrarias al interés nacional. La oposición socialista llegó al extremo de acudir a los gobiernos norteamericano y argentino para evitar la ratificación del convenio. Otros argumentos sostenían que el tratado contenía intenciones expansionistas de la Argentina, y que Chile cambiaba una dependencia por otra, permitiendo que el Estado argentino se convirtiera en socio comanditario de las industrias básicas chilenas por los siguientes 50 años. Además, al quedar las exportaciones argentinas a Chile bajo el manejo monopólico del IAPI, el gobierno argentino adquiriría una poderosísima arma de presión frente a Chile.

Tampoco favorecía la ratificación del tratado en Chile la fuerte oposición de medios periodísticos norteamericanos al mismo. El corresponsal del New York Times en Buenos Aires señaló que el tratado se podía “comparar al Anschluss de Austria con Alemania” y que Chile “se había doblegado bajo la presión económica y la amenaza argentina de retener los alimentos”. A su vez, el Evening Star afirmaba que la concertación del tratado probaba que la Argentina estaba recurriendo a tácticas imperialistas con los países vecinos y que trataba de formar un bloque de naciones adverso a Estados Unidos. Incluso en el gobierno de Washington se juzgó que el tratado con la Argentina perjudicaría los intereses norteamericanos en Chile que quedaran subordinados al dominio y beneficio de la Argentina.

Finalmente, el tratado no fue ratificado. Posteriormente, Chile estableció algunas de las empresas que hubieran resultado del convenio, pero con créditos de agencias financieras norteamericanas.

Mientras tanto, la situación económico-social de Chile se agravaba rápidamente. El gobierno de González Videla no había logrado la ratificación del tratado con la Argentina, y tampoco recibía ayuda norteamericana a causa de su alianza con el comunismo. A fines de 1947, el presidente debió declarar la cesación de pagos al sector público. Las huelgas generales ordenadas por los comunistas provocaron la destitución de los últimos de todos los cargos públicos y el pedido presidencial de facultades extraordinarias al Congreso.

En abril de 1948, la posibilidad de disturbios graves, llevó al gobierno chileno a declarar en estado de emergencia todas las plantas eléctricas y a colocarlas bajo la autoridad militar. González Videla también envió al Congreso una ley de Defensa de la Democracia, la cual, finalmente promulgada en octubre, proscribía al comunismo, borrando de los registros electorales entre 30 y 40 mil personas. A los problemas mencionados se sumaba el descontento existente dentro de las fuerzas armadas.

En este contexto crítico, se produjo el primer complot para derrocar al gobierno chileno con, se dijo, participación argentina. El 31 de octubre de 1948 el ex presidente Carlos Ibáñez del Campo, y el ex jefe de la fuerza aérea coronel Ramón Vergara Montero fueron arrestados. Los informes del Departamento de Estado norteamericano señalaban la posibilidad de que el movimiento hubiera sido financiado por Perón. A su vez, el embajador argentino en Santiago juzgaba el movimiento como netamente proargentino. En su opinión, los revolucionarios habrían tenido el propósito de llegar a la concertación inmediata del tratado con la Argentina para lograr la unión económica, y habrían buscado en el plano interno “aplicar la doctrina peronista en todo su contenido económico y social”.

Por su parte, el canciller chileno Germán Riesco convocó al embajador argentino para comunicarle que el gobierno chileno juzgaba que la Argentina estaba implicada en el intento de golpe y expresarle su disgusto por esa intervención en los asuntos internos. La prensa chilena también acusó a la Argentina de haber estimulado y prestado ayuda al movimiento, señalando además la similitud de métodos con las revueltas de Perú, Paraguay y Bolivia, la naturaleza antidemocrática de los movimientos y su común crítica a Estados Unidos. El partido Socialista afirmó que no era un secreto para nadie que elementos cercanos al régimen peronista propugnaban abiertamente las excelencias de las intervenciones militares, y trabajaban para lograr el abatimiento de los regímenes civiles y su reemplazo por dictaduras ultranacionalistas. Estas eran precisamente las actividades de algunos de los diplomáticos argentinos. El 30 de noviembre, el dictamen del fiscal militar chileno involucraba en el complot a tres diplomáticos argentinos, llegando a la conclusión de que el movimiento había estado inspirado desde la Argentina y en íntima sincronización con otros similares en diversos países latinoamericanos. El 21 de diciembre el juez militar dio a conocer su fallo, absolviendo al general Ibáñez pero imponiendo severas penas a los militares involucrados. Los diplomáticos argentinos aparecían mencionados y se deducía que había existido inspiración foránea, no obstante lo cual ningún gobierno era señalado como responsable.

Finalmente, el fallo de la Suprema Corte militar del 24 de enero de 1949 desechó la prevención de que el movimiento hubiera podido obedecer a una inspiración extranjera.

El embajador argentino sostuvo en sus informes que el gobierno de Chile requería un trato firme de parte de la Argentina por haberse permitido “el lujo de jugar con el gobierno del general Perón”. Aconsejó además tomar algún tipo de represalia, considerando que se podía negar la prórroga de pago que vencía en marzo de 1949; construir rápidamente una planta argentina de salitre sintético, o imponer restricciones a las exportaciones de ganado en pie. Existe evidencia de que la última opción llegó a implementarse. También proponía realizar una campaña de contrapropaganda en Chile. Esta finalmente se organizó en Buenos Aires, donde los diarios oficialistas criticaron implacablemente la acción de gobierno de González Videla, señalando las decisiones del gobierno chileno como contrarias a las demandas populares, y poniendo énfasis en las deplorables condiciones económicas del pueblo y en la precariedad de recursos del estado chileno debido a la acción del capitalismo extranjero.

En medio de esta crisis, en marzo de 1949 el general Carlos Ibáñez fue elegido senador por Santiago, como representante del agrario-laborismo, lo que significaba un avance de las ideas nacional y popular en Chile. El embajador norteamericano comunicó a su gobierno haber recibido información del presidente chileno de que Perón había colaborado con dinero para la campaña de Ibáñez. Por su parte, la embajada argentina interpretó que la posición argentina respecto de Chile había mejorado con la elección. A fines de ese mes, sin embargo, nuevamente circulaban en Santiago rumores de una conspiración contra el gobierno, atribuida al partido Agrario-Laborista, con presunta participación argentina y comunista.

En junio, el gobierno chileno insistía en su percepción de que la Argentina era el punto desde donde se tramaban conspiraciones destinadas a los países limítrofes. Dicho gobierno veía un peligro para su país en las revueltas mineras que se estaban produciendo en Bolivia, porque podían propagarse a Chile, donde la caída del precio del cobre traería a corto plazo el paro de empresas y desocupación. El tema tenía relación con la Argentina porque el gobierno de Bolivia había declarado oficialmente que las revueltas habían sido dirigidas por Víctor Paz Estenssoro desde Buenos Aires. Como en esta ciudad estaban también los desterrados chilenos por el complot del año anterior, el presidente González Videla expresó su preocupación por las presuntas actividades conspirativas de Vergara Montero.

A mediados de agosto, hubo serios disturbios en Santiago que fueron reprimidos enérgicamente y llevaron al gobierno a declarar zona de emergencia todo el territorio del país, disponiéndose la ocupación de las zonas mineras por las fuerzas armadas. Se detuvo a obreros y dirigentes sindicales. En esas circunstancias, el presidente González Videla señaló que su gobierno no era culpable de que la carne argentina que Chile importaba hubiera subido 40%. Esta declaración fue el detonante de una nueva campaña en la prensa argentina, que se refirió al gobierno chileno como una “dictadura” y un “régimen de terror”. Esto, a la vez, generó respuestas en medios chilenos, los cuales acusaron a los órganos de prensa y radios argentinos de haber contribuido con un cúmulo de informaciones injuriosas a tonificar el ánimo de los elementos totalitarios que buscaban en Chile el exterminio de las libertades.

Por otra parte, el senador SALVADOR ALLENDE había hecho pública su preocupación por el programa de reorganización y modernización de las fuerzas armadas argentinas. El embajador argentino explicaba dicha actitud como el reflejo del recelo con que algunos chilenos antiargentinos veían la situación militar de Chile, que no podía afrontar un programa semejante al argentino. Dicho recelo los llevaba a desconfiar del poderío argentino, existiendo quienes creían de buena fe que la Argentina representaba un peligro real para Chile. Para muchos chilenos, el gobierno del general Perón era un “gobierno militar, imperialista y militarista e imbuido de ideas hegemónicas, y, por ende, de sometimiento de los países vecinos a su voluntad”, señalaba en un informe el propio embajador argentino. La cuestión de la potencial amenaza de la Argentina fue planteada por SALVADOR ALLENDE en el Congreso chileno el 30 de agosto de 1949, expresando su inquietud por el panorama de América, donde los gobiernos militares desarrollaban una política de agresividad en contra de los pocos regímenes democráticos que todavía existían. En caso de triunfar la amenaza “fascista” en Bolivia, sostenía ALLENDE, Chile quedaría envuelto “por un círculo de hierro formado por la Argentina de Perón, el Perú de Odría y Bolivia de Paz Estenssoro y sus satélites”. El legislador agregó además que un país que gastaba 2.800 millones de pesos en un presupuesto de guerra - dos veces el presupuesto nacional chileno- debía inquietar al resto de los pueblos democráticos.

La percepción de la amenaza argentina para Chile desembocó en el intento del presidente González Videla de conseguir el apoyo de los países sudamericanos para acusar a la Argentina ante la asamblea de la ONU como nación peligrosa para la paz de América. Sin embargo, sólo obtuvo el apoyo del Uruguay, siendo finalmente disuadido por las amenazas del embajador argentino de restringir los envíos de carne, aceite y trigo, y de expulsar a los chilenos que trabajaban en la Patagonia. En las gestiones para evitar la acusación, el embajador argentino fue apoyado por Arturo Alessandri Palma, quien medió en el asunto y representó una voz de moderación frente a la opinión antiargentina de muchos chilenos de la época.

La vinculación ideológica del general Carlos Ibáñez con el gobierno de Perón se vio confirmada cuando, luego de mantener dos entrevistas con el presidente argentino, Ibáñez anunció su candidatura a la presidencia chilena en noviembre de 1950 en Bs.As. El general señaló la conveniencia de remover obstáculos y poner la mira en una completa unión aduanera, adhiriendo además a la Tercera Posición. En marzo del año siguiente, Ibáñez nuevamente viajaba a Bs.As. para sostener una tercera entrevista con Perón.

Un nuevo y extraño complot, en el que habrían estado implicados elementos argentinos, fue oficialmente anunciado en Chile en agosto de 1951. Dos de los más vehementes oradores sindicales desaparecieron, pero luego se descubrió que se habían autosecuestrado en una mina en Colliguay. Este complot aparecía vinculado con una organización llamada Acción Chileno-Argentina, que operaba en Chile y albergaba a un grupo subversivo secreto creado el 12 de febrero de 1945, autodenominado Los Cóndores, vinculado a su vez a la organización ibañista Unión Nacionalista. Uno de los miembros de Acción Chileno-Argentina, el profesor Guillermo Izquierdo Araya, soportó la incautación de su correspondencia con peronistas prominentesi. Izquierdo se había trasladado en marzo de 1947 a Buenos Aires con una beca del gobierno argentino. Aquí había colaborado en la organización de Acción Argentino-Chilena, establecida el 9 de julio de 1948, y que constituía la contraparte argentina de la que operaba en Chile. Las gestiones de Izquierdo en Buenos Aires apuntaban además a la formación de un movimiento continental del “condorismo”. Por último, debe mencionarse otra organización, Acción Social Chilena, que actuaba en Buenos Aires desde su creación el 21 de mayo de 1951, y recaudaba fondos para Ibáñez, ocupando oficinas cedidas por la CGT argentina.

A mediados de julio de 1952, el gobierno chileno declaraba persona no grata al cónsul argentino en Antofagasta y acusaba a otros diplomáticos argentinos de diseminar propaganda antichilena originada en la Argentina, hecho que el gobierno chileno consideró como injerencia en los asuntos internos del país. El 4 de septiembre, Ibáñez ganó las elecciones y obtuvo casi la mayoría absoluta. La elección del general fue celebrada con júbilo por el pueblo argentino. Y se llegó a decir que la doctrina de la Tercera Posición era un estímulo para las “revoluciones” del momento, y se dio a entender que existía una oportunidad de liberación para países como Uruguay, Bolivia y Brasil.

La relación de Perón con Ibáñez tuvo su momento de apogeo en ocasión de la visita de Perón a Chile, en febrero de 1953, y la firma del Acta de Santiago. En ésta se establecía la intención de ambas partes de ampliar el intercambio comercial mediante el aumento de los saldos exportables, la eliminación gradual de los derechos de aduana, la firma de un acuerdo para facilitar los pagos, la modificación de las imposiciones vigentes sobre tipos de cambio y de las disposiciones sobre movimientos de fondo, y la reestructuración de los sistemas de distribución de divisas, además de impulsar el proceso de industrialización en ambos países. Se expresaba también el anhelo de que integraran el mismo sistema los países limítrofes y demás estados del continente. El objetivo de ambos presidentes era establecer la “cordillera libre”, como un primer paso hacia la unión económica entre la Argentina y Chile, y que podría servir de antecedente a la unidad latinoamericana. Este acuerdo preliminar tenía la aprobación del presidente de Brasil, Getulio Vargas, pero no la del canciller brasileño, quien no había sido consultado. Cuando el último tuvo conocimiento del mismo, su oposición fue tan fuerte que el presidente Vargas se vio obligado a retirar su apoyo, lo cual significó el fin del proyecto a pesar de que Perón trató de llevarlo a cabo con otros países. El documento además recibió críticas -entre otras que constituía un atropello a la soberanía de otro país-, las cuales fueron refutadas por Perón en su discurso al Congreso del 20 de marzo, y a través de folletos oficiales. Por otro lado, los acuerdos militares firmados en 1952 por Chile y Brasil con el gobierno norteamericano constituyeron también un límite al proyecto de Perón.

La visita de Perón a Chile fue retribuida por el presidente chileno, quien arribó a Buenos Aires en julio de 1953, firmándose entonces el tratado de Unión Económica Chileno-Argentina. Ibáñez defendió la formación de bloques homogéneos entre países limítrofes, como paso previo a las uniones continentales, señalando que los países hermanos no debían pensar que chilenos y argentinos pretendían la hegemonía continental, como lo insinuaban algunos círculos. El tratado mencionaba medidas generales de complementación económica, disminución de aranceles, concertación de cambios, intensificación del intercambio comercial y apoyo recíproco en favor del desarrollo industrial y agrícola. Creaba además un órgano común, el Consejo General de la Unión Económica Chileno-Argentina a fin de promover proyectos.

Por cierto, el peronismo tuvo gran influencia en todo el movimiento feminista chileno. Perón subsidió al Partido Progresista Femenino, al Partido Femenino Chileno, a la Conferencia Nacional de Mujeres Chilenas, y a las ramas femeninas del Partido Nacional Cristiano y del Partido Agrario-Laborista (PAL). La más destacada entre las militantes chilenas fue la senadora María de la Cruz Toledo, que se proclamaba abiertamente como Justicialista. Pero una ola de sentimiento antiperonista provocó, en agosto de 1953, la expulsión de María de la Cruz Toledo del Senado chileno.

En abril de 1955, por ejemplo, Eduardo Vuletich, secretario general de la CGT argentina, se dirigió a Chile para fundar la filial chilena de ATLAS (Agrupación de trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas), la organización sindical de trabajadores inspirada en los ideales del Justicialismo.

Al producirse la caída de Perón, la "infiltración" del peronismo en Chile fue investigada. El periodista Raúl González Alfaro publicó 23 artículos críticos en el periódico radical chileno 'El Debate', entre el 8 de diciembre de 1955 y el 25 de enero de 1956. En respuesta a estos artículos, el Congreso chileno ordenó una investigación, que fue llevada a cabo por una comisión presidida por el diputado Florencio Galleguillos Vera. El informe de la misma evidenció la financiación peronista de varios políticos, periodistas y dirigentes gremiales chilenos, cuya misión, se dijo, consistía en difundir propaganda doctrinaria peronista.

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